Este martes, la Comisión Promotora del Soterramiento del Roca se reunió en la biblioteca popular Mariano Moreno para analizar las repercusiones políticas y legales que tuvo la presentación del amparo colectivo, en su constante búsqueda de dar una solución sensata, coherente, integradora y definitiva a los problemas urbanísticos y socioambientales que viene padeciendo la ciudad.

Profesionales, vecinos y dirigentes, coinciden en que, si la ciudadanía no toma conciencia sobre lo que implica el proyecto para la esquina de 1 y 32, terminaría ejecutándose “una solución perjudicial y retrógrada, con la necesaria realización de pasos bajo nivel sobre casi todos los cruces importantes de la avenida 1”.

Así se consolidaría “la grieta urbanística y condenando a la ciudad a estar dividida, o a tener que, en un futuro no muy lejano, deshacerse de todo lo hecho tan apresuradamente, para hacerlo bien”, aseguraron.

Consideraron que “se está dejando expuesto a un colectivo enorme de ciudadanos, especialmente a ancianos, discapacitados y a los miles de alumnos que concurren a los colegios, a quedar totalmente vulnerables ante un aumento de la inseguridad y de los riesgos al cruzar las vías”.

Esto, sumado a “la clara ineficiencia de los servicios que atraviesan de un lado a otro las vías para asistir a la gente (ambulancias, patrulleros, bomberos, etc), que deberán dar vueltas sin sentido, sin poder cubrir las urgencias de la zona en lapsos medianamente cortos”.

“Entre los grandes grupos de ciudadanos sobre los que repercutirá, se encuentran los vecinos de Tolosa y los frentistas de la calle 1, quienes al igual que los comerciantes de calle 2, se verán muy seriamente perjudicados”, dijo uno de los integrantes aludiendo al intercambio comercial.

Destacaron que el juez haya notado la trascendencia del tema, ya que además de declararse competente para intervenir, decidió que se le imprima el trámite de juicio ordinario, lo que cotidianamente significa que considera la relevancia que tendrá su decisión sobre las obras.

Comenzará su búsqueda y su participación para conocer a fondo la cuestión, con la mayor cantidad de pruebas, pericias y estudios posibles que se le puedan presentar, con el objetivo de tomar cartas en la defensa de los intereses colectivos de todos los ciudadanos platenses y foráneos, que se verán seriamente afectados por el impacto ambiental de los pasos bajo nivel.

“Evidentemente, la cuestión toma una magnitud cada vez más grande y todos los platenses directa o indirectamente, a través de nuestros hijos, vecinos o ancianos, veremos nuestros derechos colectivos afectados. Si el impacto ambiental es negativo, no podrá retrotraerse la situación fácilmente y sin fuertes costos”, sostuvieron desde la Comisión.

Finalmente, convocaron: “Como comunidad sobre la que recaerá esta decisión, pareciera que ha llegado el momento de formarnos una opinión al respecto, con la previa necesidad de informarnos lo máximo posible, para involucrarnos con buen criterio en esta cuestión tan importante”.


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